La junta directiva del sindicato del Ayuntamiento de Jerez ATMJ ha manifestado que el balance de gestión del gabinete jurídico municipal realizado desde el Gobierno "es totalmente subjetivo, poco profesional y severamente sesgado. Lo único que pretenden es justificar el traslado de empleados públicos adscritos a este servicio y el desmantelamiento del mismo, además de, y sobre todas las cosas, justificar la contratación de bufetes externos con el gasto que esto conlleva para las arcas municipales y el bolsillo de los contribuyentes".
La ATMJ denuncia que desde "hace tiempo" perciben "que nada de lo que hace la este gobierno en materia de RR.HH es casual y sus acciones están encaminadas sólo y exclusivamente a generar una opinión previa o posterior a la celebración de un juicio, antes de que se dicte sentencia o incluso a la contratación de una empresa para la prestación de un servicio externo".
Asimismo, la ATMJ ha denunciado que "cualquier empleado público que gana alguna sentencia o bien simplemente tiene una actitud crítica contra el Gobierno es totalmente maltratado públicamente, poniendo de manifiesto que quienes no comulgan con ruedas de molino son empleados mediocres o, directamente, poco trabajadores. A éstos automáticamente se les gestiona una movilidad obligada a otro departamento municipal".
Por último, el sindicato habla de la falta de transparencia del gobierno de Mamen Sánchez. Afirma que "tiene solicitada información en relación con el contenido de los contratos con bufetes privados, tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales". Sin embargo, "hasta la fecha el Gobierno ni ha facilitado ni publicado esta donde debe".
A pesar de todo, la ATMJ se ha atrevido a dar un balance sobre la gestión, a partir de ciertas consideraciones:
- "El coste para el Ayuntamiento ha aumentado, como mínimo, el coste de los despachos externos que se han contratado porque los letrados se han trasladado a otras áreas municipales.
- En la cuantificación del coste del gabinete parece se les ha olvidado casualmente algunas cosas y cargas en las arcas públicas: Algunos contratos menores y otros negociados de bufetes externos en los años 2016, 2017 y 2018; ¿Qué coste supone en costas y cuánto le corresponde a los abogados externos? ¿Participan también cuando se pierde el caso o existe allanamiento del Ayuntamiento a las pretensiones de la otra parte? Hay que recordar que si un juicio se gana por un letrado del Ayuntamiento, las costas las cobra el Ayuntamiento pero con el bufete privado, tal y como consta en los contratos, parece que no es así.
- No han contabilizado bien el número de trabajadores que a lo largo de los años han trabajado en el gabinete y los costes que ello significaba.
- Tampoco han contabilizado que antes los letrados llevaban la mayoría de los juicios de las empresas municipales y ahora esas empresas también han contratado bufetes externos.
- Si se quería ahorrar ¿no hubiera sido mejor y de sentido común, no trasladar a los letrados a otras áreas? Si era cuestión de volumen de trabajo, ¿no sería mejor haber trasladado al personal que lo había solicitado al gabinete jurídico? Personal con experiencia en Sala, cuestión esencial para trabajar eficazmente en Gabinete.
- Con respecto a las Sentencias de los Tribunales que se han ganado recordamos al Gobierno que se deberían publicar todas las sentencias y acuerdos judiciales en el portal de transparencia, ya que solo están publicada unas cuantas, al parecer hasta febrero de 2017, con lo que no sabemos qué es verdad y qué es propaganda previa a un juicio. Reiteramos que tampoco se mencionan los allanamientos y quién adopta la decisión en cada caso, con quién se ha reunido para confrontar los intereses públicos municipales con los de la contraparte.
Por todo lo anterior, la ATMJ se posiciona en contra de cualquier privatización de un servicio municipal, ya que ,en general, suele obedecer al objetivo de ningunear a técnicos poco cómodos que no se prestan a conseguir que lo imposible se haga viable mediante actuaciones parciales, subjetivas y no vinculadas al interés general, que debe siempre primar la actuación de los poderes públicos. Asimismo denuncia que el balance realizado por el Gobierno es otra operación para maquillar la evidente externalización de servicios municipales.