Domingo, 9 de septiembre de 2018   -    Pedro Toril

En Jerez también 'Hablamos Español'

Lo explican rápido porque la gente no termina a oír lo que le dicen y ya quiere el bolígrafo para firmar. Saben lo que hay. Llegan convencidos de casa. “Nos parece bien y hasta enriquecedor que un profesor catalán o gallego venga a trabajar a Andalucía pero no es justo que a nosotros nos exijan un idioma para trabajar allí; hay una situación de desigualdad” expone Javier Puerto, miembro de APIA, Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía que colabora con la asociación 'Hablamos Español' en esta recogida de firmas.

Es sábado a medio día y la Plaza del Arenal de Jerez acoge a mucha gente. Además, es festivo en diferentes poblaciones de la provincia y son muchas las personas que se acercan y piden una mesa en sus municipios ya que en Cádiz, San  Fernando o Chiclana “también estamos indignados. La ley no es igual para todos”, dialogan un grupo de jubilados mientras aguardan cola para firmar el documento.

La asociación tiene nueve meses para alcanzar las 500.000 firmas  necesarias para que la iniciativa se debata en Las Cortes.

Javier Puerto destaca el poder de la sociedad civil ante la desgana política. “Parece que los poderes políticos no quieren darse por enterados y deben escuchar esta demanda de todos los ciudadanos. La sociedad civil está despertando, por eso, al explicar por qué estamos aquí, lo ve muy lógico, muy claro y colabora sin dudarlo”.

El pasado mes de octubre, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió que la propuesta de ley de Libertad de Elección Lingüística sea tramitada como Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Con ello, 'Hablamos Español' dispone de nueve meses para reunir las 500.000 firmas certificadas necesarias para que la ley sea debatida y, en su caso, aprobada en el Congreso.

Toda la información pueden encontrarla en la web: www.hispanohablantes.es donde aclaran que “la propuesta de ley busca garantizar que todos los niños de España podrán estudiar en español, si así lo desean, y que los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos lingüísticos. Caso de tener éxito la iniciativa, ningún hispanohablante verá restringida la libre circulación por el territorio de su país por razón de lengua, porque podrá escolarizar a sus hijos en español y no tendrá limitado su acceso a un puesto de trabajo, ni tendrá que soportar ninguna otra traba lingüística de las que afectan a los hispanohablantes en la actualidad en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales”.

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