En 1975, tras la muerte del dictador, se instaura en España la monarquía,
transformada tres años más tarde en Monarquía Constitucional de la mano de la
Constitución de 1978, con la que viene incluida de manera indisoluble. Se nos
dice que, de cara a apaciguar y calmar al siempre levantisco y propicio a
golpes de estado, la única manera de tener controlado al ejército, es mediante
la figura de un rey, Capitán General de los ejércitos, y garante seguro de la
estabilidad en la difícil travesía que supone la transición de un régimen
dictatorial a una democracia. Esto parece verse ratificado cuando tres años más
tarde, en el ¿fracasado? Golpe de estado del 23 F, parece ser el monarca el
único capaz de detener las fuerzas militares y civiles que se levantan contra
el orden democráticamente establecido. Es así como la figura de la monarquía y
de este monarca en concreto se muestran como algo incuestionable e
incuestionado, y la única garantía de la paz y la estabilidad, hasta el punto
de no poder hacerse durante muchos años ni tan sólo una caricatura de los
miembros de la casa real.
Hace unas fechas ha salido a la luz en diferentes medios de comunicación
la relación que mantuvo el rey emérito con una conocida actriz española a lo
largo de varios años. Relación siempre conocida y comentada en los diversos
mentideros y nunca cuestionada, ni por la actriz ni por la prensa. Ya habían
salido en otros medios, nacionales y extranjeros diversas relaciones mantenidas
por el monarca, más o menos notorias, más o menos públicas y sabidas. No voy a
juzgar la vida sexual de alguien, sea rey o no. No es de mi incumbencia, ni
pretendo dar una connotación moral a los actos de los demás. Pero lo que si
creo que atañe a todo el pueblo,
habida cuenta que se paga con nuestro impuestos, es que a la referida actriz,
que tuvo la sabia prudencia de grabar algunos de los encuentros amorosos, se le
pagó su silencio, presuntamente, con una nada despreciable cifra de millones de
las antiguas pesetas. Pago que se hizo a cargo de los fondos reservados del Estado.
No voy a entrar en otro tipo de noticias, también aparecidas estos días tras la
estela de generada por el caso de la actriz, dado que desconozco la
verosimilitud o credibilidad que puedan tener.
Lo que si llama realmente la atención en un régimen que consideramos
democrático, es que la Casa Real no haya hecho ningún comunicado dando algún
tipo de explicación sobre el modo en que se pagó la dicha cantidad, si es que
realmente se llegó a pagar. Pero llama mucho más la atención, y hace saltar
todas las alarmas democráticas, el hecho de que el gobierno, no salga al paso
de las aseveraciones que señalan al Estado como presunto pagador de cantidades
millonarias para callar bocas y asegurar silencios. No creo que este sea el
destino que deban tener los fondos reservados de un país. Y no estoy diciendo
que el monarca, por el hecho de serlo, haya de ser fiel a su esposa. Allá el y
ella. Pero lo que no creo, bajo ningún concepto, es que sea el gobierno de un
Estado democrático, el que haya de
pagar ciertos servicios.
¿Hasta cuándo se estuvieron pagado, presuntamente, estos silencios?
¿Cuáles fueron los gobiernos implicados en estos pagos? ¿Quién autorizó,
presuntamente, los diferentes pagos? ¿El responsable o responsables, si es que
realmente tuvieron lugar dichos pagos, no debería afrontar su responsabilidad?
¿En base a qué criterios se pudo autorizar la salida de ese dinero con cargo a
los presupuestos del Estado? Si el monarca desea llevar una vida sexual libre y
variada, que sea él el que corra con los gastos, y que afronte las
consecuencias de sus descuidos. Pero creo que el Parlamento, éste sí elegido
democráticamente por todos los españoles y españolas, debería iniciar una
comisión investigadora de los gastos de la monarquía, y si se llevaron a cabo
unos gastos de difícil justificación, deberían buscarse responsabilidades,
fuese quien fuese el responsable en su momento, que los autorizó. Sólo así la
monarquía podría buscar una legitimización de la que carece.